Hace ya 104 años que Francia, uno de los países más avanzados en cuanto a laicismo se refiere, aprobó una ley de separación de Iglesias y Estado. En el articulado de esa ley se decían cosas tan claras y concisas como: “
la República asegura la libertad de conciencia”, o: “
la República no reconoce, no subvenciona, no financia ningún culto”. En palabras del ilustre político
Jean Jaurés, esta separación constituía un paso más en “
la marcha deliberada del espíritu hacia la plena luz, la plena ciencia y la entera razón”.
No puedo evitarlo; qué bien me suena eso de ¡la plena luz, la plena ciencia, la entera razón!
26 años después de aquel 1905, esto es en 1931, España aprobó una constitución muy avanzada en la que se fijaban también clara y concisamente cosas como:
“
La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moral pública” (art. 27).
“
Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial. El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo máximo de dos años, del presupuesto del Clero. Quedan disueltas aquellas Ordenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes (…)”. (art. 26)
73 años después, tras la guerra civil y 40 años de dictadura, esto es en diciembre de 1978 (hoy hace ya 31 años), España aprobaría una nueva constitución. Esta constitución, que algunos han llamado del consenso, puede ser considerada también como la constitución de la falta de valor, la de lo no resuelto.
Entre los temas no resueltos (lo no resuelto tiende siempre a enquistarse) el asunto que más, el de la separación entre Iglesia y Estado. En este contexto el término “Iglesia” no puede ser entendido más que como Iglesia Católica. En este país no es otra la iglesia que invade y usurpa las competencias estatales (por ejemplo en educación), que se atreve a lidiar incluso en el espacio político (excomulgando a diputados), y la que fagocita y se alimenta como un parásito del dinero del estado (vía subvenciones públicas).
Me pregunto yo: ¿cuándo pondremos a la Iglesia en su sitio? Ya está bien de considerar intocable a esta constitución; ha llegado la hora de decir bien alto que es manifiesta y necesariamente mejorable. ¿De qué nos vale que el art. 14 diga: “
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social” cuando un poco más adelante clama al cielo la absurda contradicción del art. 16.3 cuando dice: “
ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”? ¿A qué viene nombrar a la Iglesia Católica en la Constitución? Una constitución no es sitio para la Iglesia. Tampoco es entendible que España siga manteniendo un Concordato con El Vaticano como el que aprobó unos días después de esa constitución.
Hay pues que cambiar la constitución, hay que cambiar otras leyes, y
hay sobre todo que cambiar la actitud de los poderes públicos hacia la Iglesia Católica (por ejemplo la actitud del ayuntamiento de Córdoba, ahora que marchose ya
Doña Rosa a quien tanto gustaba rodearse de curas y nazarenos, ¿no os parece?).

Y ya que hablo de Córdoba, voy a contaros que este sábado pasado se celebró en la Facultad de Derecho la asamblea del colectivo
Córdoba Laica. Como se dice en
su blog, Córdoba Laica está constituida por personas que defienden la laicidad, entendida como el establecimiento de las condiciones jurídicas, políticas y sociales idóneas para el desarrollo pleno de la libertad de conciencia, base de los Derechos Humanos.
Desde aquí quiero animar a quienes me leen a adherirse a este movimiento. Hemos dejado, sin apenas darnos cuenta, que los meapilas se adueñen de calles, escuelas y celebraciones públicas. Es hora de ir haciendo algo.
Para empezar, en la columna de la derecha hay un enlace para firmar por la separación Iglesia-Estado. Dedicadle un par de minutos.
Un mundo mejor es aquel en el que ninguna confesión religiosa es percibida como amenaza. Un mundo mejor es aquel en el que creyentes y no creyentes viven su espiritualidad o falta de ella sin conflicto y en el más estricto ámbito de lo personal.